La propuesta HB 62 dejaría que cualquier persona en el estado de Carolina del Norte, meta una demanda contra un municipio local si creen que no están cumpliendo con la ley anti-santuario. Estos individuos tendrían en poder de usar las cortes para forzar a nuestras localidades a colaborar con prácticas anti-inmigrantes, tal como interrogaciones sobre estatus inmigratorio.
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