Última actualización: 12/10/2025
La Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 agregó la sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Un acuerdo 287(g) le otorga a la policía local el poder de ejecutar la ley federal migratoria - algo que normalmente no puede hacer. Estos acuerdos convierten a los oficiales locales en agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que provoca las deportaciones, la caracterización racial y el miedo en las comunidades migrantes.
Los recursos de las fuerzas policiales locales se ocupan de mejor manera al invertir en programas que realmente mantengan a nuestras comunidades seguras - no impulsando los planes de la administración de Trump para deportar inmigrantes que contribuyen a nuestras comunidades y a nuestra economía.
Un acuerdo 287(g) es completamente voluntario - la policía local no tiene ninguna obligación de participar en el programa o de ejecutar la ley migratoria. Al firmar un acuerdo, la agencia de policía efectivamente está declarando su apoyo a un régimen cruel dedicado a la aplicación de leyes federales migratorias.
El programa 287(g) les permite a los municipios, los condados y las agencias estatales policiales firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este tipo de acuerdo especifica cuáles poderes de ejecución de leyes migratorias son delegados a la agencia local.
Hay tres tipos de acuerdos 287(g): el Modelo de ejecución en las cárceles, el Modelo del funcionario de servicio para órdenes judiciales, y el Modelo del grupo operativo.
Modelo del funcionario de servicio para órdenes judiciales (poderes limitados)
Este tipo de acuerdo le permite a ICE capacitar, certificar y autorizar a agentes locales de la policía para servir y ejecutar órdenes judiciales administrativas sobre la inmigración a gente que ya está bajo custodia en la cárcel de su agencia. El gobierno federal creó esta versión del acuerdo en el 2019 y a veces se le llama “287(g)-lite” porque ha requerido menos entrenamiento y ha delegado menos responsabilidades a la policía local.
Modelo de ejecución en las cárceles (más poder, solo las cárceles)
Bajo este modelo, ICE delega ciertas autoridades migratorias a las agencias policiales estatales y locales para identificar a inmigrantes en custodia estatal y local y posicionarlos en procedimientos de inmigración. Los funcionarios penitenciarios en las cárceles locales, bajo la supervisión de ICE, son apoderados por el gobierno federal para sustituirlo e interrogar a personas en su custodia sobre su estado migratorio y canalizarlos a la vía directa de la deportación.
Los acuerdos 287(g) de ejecución en las cárceles ponen a la ejecución de leyes migratorias en el centro de las cárceles locales, delegando a los funcionarios penitenciarios tareas para las cuales están mal preparados, y aumentando la probabilidad de errores y abusos. Estos acuerdos normalmente son acompañados por contratos para alquilar espacio en la cárcel y detener a migrantes en procedimientos de remoción o que esperan ser deportados, lo que les permite a los condados aprovecharse monetariamente de la crueldad presente en la detención de migrantes.
Modelo de grupo operativo (el mayor poder)
ICE describe este tipo de acuerdo como “un multiplicador de la fuerza” que les permite a las agencias policiales estatales y locales hacer arrestos migratorios durante las actividades policiales de rutina. Este modelo, la forma más amplia y profunda de la complicidad con ICE, esencialmente vuelve a los agentes de la policía en agentes de ICE.
El modelo de grupo operativo 287(g) fue descontinuado bajo el Presidente Obama después de abusos extendidos y documentados ante los derechos civiles asociados con el programa, incluida la caracterización racial. ICE resucitó el modelo este año.
Si el gobierno puede usar su poder en contra de un grupo el día de hoy, es inevitable la expansión de esos abusos. Los ataques en contra de las libertades civiles casi nunca permanecen confinados a una población por mucho tiempo.
Todas las personas en los Estados Unidos, sin importar su estatus de ciudadanía o inmigración, tienen derechos garantizados bajo la Constitución. Lea nuestros materiales: Conozca sus derechos para ayudarle a protegerse usted mismo y proteger a sus seres queridos.