“S” debería haber estado preparándose para comenzar su último año de secundaria. En cambio, el joven de 18 años pasó parte del verano en un centro de detención migratoria en Georgia, después de que él y su padre, “A”, fueron detenidos mientras asistían a una cita obligatoria con ICE en Carolina del Norte.
S y A tienen solicitudes de asilo pendientes, lo que significa que están solicitando protección legal en Estados Unidos y deben asistir periódicamente a citas con ICE. Han asistido a todas las citas mientras esperan que se resuelvan sus casos. A pesar de haber cumplido con las reglas de ICE, el hijo y el padre no recibieron ningún aviso previo —ni ninguna explicación— sobre la decisión de detenerlos.
La ACLU de Carolina del Norte y la ACLU de Georgia presentaron una petición de hábeas corpus para impugnar la detención ilegal y traumática de S y solicitar su liberación. S fue liberado bajo fianza el 7 de agosto y regresó a su hogar en Carolina del Norte junto con su padre, a quien también se le concedió la libertad bajo fianza. Su arresto y detención nunca debieron haber ocurrido.
Este caso es un resultado directo de la nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE de volver a detener a las personas en citas de inmigración rutinarias y obligatorias, como parte de la campaña de deportación masiva de la administración federal. Después de que el presidente Trump y su administración convirtieran el aumento de las detenciones migratorias en una prioridad nacional, el DHS comenzó a arrestar aleatoriamente a personas que la propia agencia ya había determinado que no representaban un peligro para la comunidad, que no tenían probabilidades de fugarse y que estaban cumpliendo plenamente con sus condiciones de liberación. DHS adoptó esta política para cumplir con cuotas arbitrarias de arrestos diarios, dirigiéndose específicamente contra personas que no son ciudadanas estadounidenses, pero sí cumplen con las condiciones impuestas por el propio gobierno.
Las consecuencias de esta política de redetención han sido inmediatas y drásticas. Familias han quedado destrozadas mientras padres y miembros de la comunidad desaparecen en el extenso sistema de detención de ICE. Personas con problemas médicos crónicos han sido separadas de medicamentos y tratamientos esenciales. Asimismo, diversos empleadores han perdido trabajadores valiosos sin previo aviso, lo que ha afectado a los negocios y a las economías locales.
Al trasladar a las personas a centros de detención lejos de sus hogares, ICE también ha dificultado que las personas detenidas se comuniquen con sus abogados, reúnan pruebas y presenten solicitudes de alivio migratorio. Esta política de redetención ha revelado aún más un sistema de inmigración profundamente fracturado que coloca a las personas en situaciones vulnerables, llegando incluso a detener ilegalmente a personas en citas rutinarias a las que están obligadas a asistir.
Si usted o alguien que conoce ha sido detenido nuevamente ilegalmente en una cita de inmigración rutinaria, por favor complete el formulario de admisión legal de la ACLU-NC. La ACLU-NC recomienda a las personas que continúen consultando con sus abogados sobre las citas de inmigración, que asistan a dichas citas, que conozcan sus derechos y que preparen un plan de emergencia en caso de una detención inesperada.
"Asistir a una cita de inmigración no debería ser una trampa", afirmó Corina Scott, abogada de la ACLU de Carolina del Norte. "Por años, los inmigrantes en Carolina del Norte han construido sus vidas basándose en la política del DHS de que no serían redetenidos siempre y cuando cumplieran con las condiciones de su liberación. DHS no puede cambiar de rumbo repentinamente y detener arbitrariamente a las personas sin el debido proceso y la justificación individualizada exigida por la ley. Nadie debería perder su libertad por cumplir con los propios requisitos del gobierno".
