“Una cosa es escuchar sobre la gente que está siendo detenida y separada todos los días, es otra cosa vivir ese sufrimiento por ti misma,” explica Yolanda Zavala, madre de cinco hijos quien emigró a Carolina del Norte desde Michoacán hace dos décadas.
En el 2008, el hijo de Yolanda quien apenas tenía 18 años, fue arrestado en el condado de Wake por manejar sin licencia. Lo que debió de haber sido una citación sencilla se volvió en uno de los momentos más dolorosos en la vida de Yolanda. Su hijo pasó seis meses en un centro de detención y eventualmente se convirtió en una de las primeras personas deportadas bajo el programa de 287(g) en el condado de Wake, un programa que autoriza a oficiales policiacos para poder ayudar a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a detener y deportar a miembros de la comunidad que son indocumentados.
Yolanda canalizó el dolor de la experiencia de su hijo para convertirse en una defensora de su comunidad. Por los últimos diez años, Yolanda ha estado luchando contra narrativas anti-inmigrantes, las mismas que pintaron a su hijo como un criminal y que han impactado a varios miembros de su familia. “Vivimos sabiendo que en cualquier momento ICE puede deportarte. He pasado muchas noches pensando que pasaría si arrestaran algún otro de mis hijos, esperando esa llamada. Cada vez que dejamos nuestra casa nunca tenemos confianza en que vamos a regresar.” El yerno de Yolanda también se encontró atrapado en la máquina de deportación de ICE. Ella fue testigo de cómo sus nietos se quedaban esperando por la puerta a su papá, sin poder explicar que no regresaría. En Carolina del Norte, miles de miembros de la comunidad han sido deportados bajo el programa de 287(g).
A pesar de las tácticas de miedo usadas por políticos anti-inmigrantes, no hay evidencia de que deportaciones o cooperación con ICE incremente la seguridad de la comunidad. Al contrario, estos acuerdos dañan la seguridad pública para todos los residentes. Estudios conducidos por la Universidad de Illinois y el Centro de Progreso Americano han demostrado que cuando las autoridades locales ayudan a oficiales federales de inmigración, gente que es víctima o testigos de un crimen—sin importar su estatus inmigratorio—son menos probables a contactar a la policía debido al miedo de que puedan investigar el estatus inmigratorio de sus familiares o conocidos. Otro estudio conducido por el Instituto Cato en el 2018 tampoco encontró evidencia de que estos acuerdos con ICE reduzcan el crimen. También la Universidad de Carolina del Norte muestra que más de 86% de la gente puesta en procedimientos de deportación gracias al programa de 287(g) fueron arrestados por delitos menores, con 32% siendo violaciones de tráfico.
Comunidades por todo el estado están resistiendo a ICE, y el movimiento para desmantelar la vía de deportación en Carolina del Norte ha tenido victorias históricas este último año. Organización comunitaria lideró la terminación del programa de 287(g) en los condados de Wake y Mecklenburg, los condados más grandes en el estado, y ayudaron a elegir nuevos alguaciles en esos condados y a otros que hicieron campañas pro-inmigrantes, incluyendo los condados de Buncombe, Forsyth, Guilford, y Durham. Cuando legisladores anti-inmigrantes trabajaron con ICE para pasar la propuesta de ley, H.B. 370, que amenazaba con destituir a los alguaciles elegidos democráticamente si rehusaban usar recursos locales para cooperar con ICE, grupos de pro-derechos inmigrantes, la ACLU, y otros se unieron para derrotar esta propuesta de ley, que por último fue vetada por el Gobernador Roy Cooper.
Pero la campaña para lograr un estado libre de redadas y deportación de ICE sigue. Cuatro condados—Cabarrus, Gaston, Henderson, y Nash—siguen participando en el programa de 287(g), y muchos otros siguen deteniendo gente sin el debido proceso cuando se los pide ICE. No pararemos de luchar hasta que estos acuerdos voluntarios con ICE estén completamente desmantelados.
Cuando alguien es llevado bajo custodia por ICE y es deportado, tiene un efecto dominó que toca e interrumpe la vida diaria de la comunidad entera sean niños, padres, compañeros de trabajo, o vecinos.
Griselda Alonso sabe lo que es tener que vivir con la preocupación constante de que ICE detenga a un miembro de la familia a cualquier momento. “La salud mental de nuestros hijos ha sido gravemente perjudicada, ya que día con día el cerco de conocer a alguien que ha sido deportado se va acercando más y más a ti, lo cual aun sin que queramos, nuestros hijos sienten el miedo reflejado en los ojos de su madre al ver que está manejando y un policía se le acerca por la parte de atrás,” continúa, “Ese mismo miedo ha sido llevado a las aulas de las escuelas, ya que su rendimiento escolar no es el mismo y como va ser el mismo si un día anterior un vecino, un amigo o un familiar ha sido deportado.” Para ella, un estado libre de ICE significaría que su hija no se tiene que imaginar lo peor cada vez que su mamá maneja y se arriesga a ser parada por la policía.
“Muchos de nuestros familiares, incluyendo a nuestros hijos, son ciudadanos,” dice Griselda. “Día a día contribuimos a este estado, pagamos nuestros impuestos y merecemos vivir con dignidad, con respeto, pero sobre todo sin miedo.”
Martha Hernández emigró de la Ciudad de México a los 17 años buscando estabilidad y libertad de persecución, que encontró en Carolina del Norte con sus dos hijos. Sin embargo, cada mañana antes de irse al trabajo, como mucha gente en su comunidad, se fija para ver si hay carros sospechosos. “Somos mamás que trabajamos duro todos los días pero todavía hacemos tiempo para reunirnos todas las semanas para ver cómo podemos proteger a nuestras familias y mejorar nuestra comunidad.”
Martha, Yolanda, y Griselda trabajan tiempo completo, organizan eventos culturales, y han estado al frente del movimiento para terminar la colaboración entre la policía local de Carolina del Norte e ICE desde la incepción del programa de 287(g) en el condado de Wake. “Este movimiento no es solo de nosotras, también incluye las caras de la gente que se va directamente del trabajo a protestar, a los que traen a sus hijos a las juntas, y a los que van a cabildear aunque tengan miedo,” dice Martha. “Cada uno de nuestros triunfos es algo que todos trabajamos para lograr.”
Gracias a su activismo, y al apoyo de la comunidad de Carolina del Norte, estas tres mujeres tienen la esperanza de que seguiremos acercándonos a la comunidad que queremos tener. La nieta de Yolanda de 18 años, le describió el sentimiento dulce-amargo de poder votar por primera vez por un alguacil que prometió terminar el programa que fue responsable por la deportación de su padre cuando era niña.
“Solo queremos vivir en paz, con dignidad, y sin miedo,” explica Martha. “Sacar a ICE de Carolina del Norte significaría no tener que vivir con la ansiedad emocional y la incertidumbre sobre lo que te pueda pasar cada vez que salgas fuera de tu casa. Quiero tener la tranquilidad de no tener que preocuparme de lo que vaya a pasarme camino a mi casa y a mis hijos. Solo así respiraré con alivio y podré decir que realmente soy libre.”
